Las propuestas del presidente peruano Martín Vizcarra de convocar un referéndum en temas de la reforma política, electoral y constitucional-judicial, con cambios en el corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, son un explícito llamado a movilizar a la ciudadanía para que apoye y se empodere de estos procesos ante la realidad de que en el Congreso la mayoría la forman las bancadas del fujimorismo y el aprismo.

Esta semana elevará tres proyectos de reforma: contra la reelección de congresistas, la bicameralidad en el Parlamento y el financiamiento privado de partidos políticos.

Difícil lograr el apoyo de unos partidos que son parte del putrefacto cuerpo político, basado en una enorme corrupción, que atraviesa horizontal y verticalmente a las instituciones (públicas y privadas), y por eso Vizcarra trata de lograr el apoyo de las calles para el impulso de los seis proyectos para la reforma judicial. También para que la calle se empodere de una política de igualdad de género y contra el feminicidio.

Pero la realidad señala que el continuismo del gobierno de Vizcarra en el modelo económico impulsado por su renunciado antecesor, el neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, no lo va ayudar en sus planes, porque allí está la base de la desigualdad social y de la corrupción. Si bien plan permitió un crecimiento económico basado en la exportación de recursos naturales sin valor agregado, no sirve para acceder a niveles superiores, cono ahora lo reconocen hasta los organismos multilaterales.

Se privilegió el puro crecimiento económico, y el resultado fue la corrupción generalizada, crecimiento de la desigualdad, instituciones débiles y ausencia de reformas políticas y electorales. Lo positivo del mensaje de Vizcarra es que brinda oxígeno para varias reformas y algunos canales de participación popular –pasiva- vía los referéndums.

La inversión pública sigue estancada, no crece a las tasas que anuncian los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, porque éste tiene como prioridad reducir el déficit fiscal. Lo cierto que hasta junio, cuando Donald Trump anunció su guerra comercial, aumentaron los ingresos fiscales por los mejores precios de las materias primas.

Mientras, el empleo en el Perú-Urbano en las empresas privadas formales viene disminuyendo desde hace meses, en junio del 2018 bajó 0.1%. Difícil que crezca la economía cuando disminuye el empleo, pero esas son las bases del modelo.

En su mensaje del 28 de julio Vizcarra anunció su apuesta por el extractivismo, con inversiones mineras por 15,000 millones de dólares (algunas ya realizadas), entre ellas en Quellaveco, por 5.300 millones de dólares, junto a otros proyectos que tendrán que cumplir con la licencia social y ambiental. Y hasta ahí llegan los anuncios económicos, siguiendo los pasos marcados por PPK.

La revista Gestión llamó la atención de que no mencionó la necesidad de nueva licitación del Gasoducto Sur Peruano, que implica energía más barata para la industria, los hogares, el transporte automotor y, sobre todo, la inversión en la industria petroquímica para la diversificación productiva.

Mientras Vizcarra apela al apoyo popular, se prepara una rápida aprobación en el Congreso de una nueva –y lesiva- Ley de Hidrocarburos, en ausencia de una política de diversificación productiva, que permita prender otros motores para alcanzar el crecimiento y el desarrollo, dice La Otra Mirada.

Si esta vez la lucha contra la corrupción y a favor de las reformas políticas e institucionales no viene de la mano de cambios en la política económica y las alternativas de desarrollo, todos esos esfuerzos corren serios riesgos y serán aprovechados por quienes no quieren ni lucha contra la corrupción ni cambios económicos, agrega.

Mariana Álvarez Orellana

Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )